Por el pueblo, sin el pueblo. Press Freedom in Spain now!

En tiempos de temblores económicos y sociales, la zozobra afecta a los centros neurálgicos de la noticia; limitar la libertad de prensa, como antesala de la coerción de la libertad de expresión, se está convirtiendo en una estrategia policial y gubernamental que, no por vieja, deja de sorprender.

En España, aún estando pendiente la elaboración de un estadígrafo preciso, las noticias desvelan una cada vez mayor acción de coacción de las autoridades, especialmente de las policiales, sobre los profesionales de prensa. Este incremento de la virulencia de las acciones de determinados agentes debe ser analizado en su contexto y sobre todo debe ser puesto en relación con el nuevo escenario político en el que nos encontramos.

No es de recibo, ni debe ser aceptado de ningún modo, cualquier tipo de impedimento para que los informadores gráficos puedan realizar de forma segura, digna y fehaciente su trabajo. La policía debe ser capaz de discriminar entre el ejercicio de su labor y la necesidad de restablecer el orden público y la necesidad de cobertura informativa que la sociedad demanda.

Que un mando policial pueda ver una amenaza en la acción de un fotógrafo de prensa no demuestra más que su corto entendimiento y su deseo de preservar una acción impune ante la opinión pública. La acción informativa no puede seguir siendo caprichosamente confundida con acción subversiva. Situándonos en un extremo, estamos en condiciones de señalar que cualquier ciudadano tiene el derecho a tomar imágenes en un acto público; cualquier ciudadano tiene, además, reconocido su derecho constitucional al acceso a la información; no existe otro modo de obtener este acceso más que tomar contacto con la realidad inmediata, labor que realiza el profesional de la información -sea o no freelance e independientemente del medio para el que trabaje y su orientación política-.

Una imagen captura un momento; ese instante decisivo en el que aflora lo mejor y lo peor de cualquier ser humano, vista o no un uniforme. Las detenciones arbitrarias y la interrupción de la labor profesional por el mero argumento del viejo "artículo 33" no pueden seguir aniquilando el derecho informativo de la sociedad, pero por encima de todo no pueden seguir inhibiendo el derecho que cualquier ciudadano tiene de desarrollar una labor informativa, sea esta remunerada o no.

Si el temor de los mandos policiales reside en que una pléyade de cámaras capturen los comportamientos viles, impunes y gratuitamente violentos de un reducido conjunto de agentes de la autoridad, sencillamente esos mandos no merecen servir a un Estado y a unos ciudadanos a los que juraron defender y cuyos impuestos costean sus sueldos.

La policía empuja al fotoperiodista Antonio Navia en la Puerta del Sol durante el desalojo de la madrugada del 13 de Mayo de 2012. A policeman pushes Antonio Navia, photojournalist, in Puerta del Sol Square (Madrid, Spain) last May 13th

España ha visto disminuida la tranquilidad informativa desde hace meses. El cambio de estrategia podría responder, entre otras razones, a un cambio en la dirección operativa de la Policía. La aparente inacción policial ante las concentraciones del 15M de 2011, que según algunos respondía a una medida directamente dimanada de Alfredo Pérez Rubalcaba y en la que se quisieron ver ciertos tintes políticos de acoso a la Comunidad de Madrid y a otros feudos "populares", contrasta con el exceso operativo de los últimos meses.

Cabe preguntarse hasta qué punto es posible relacionar la asunción de la Dirección Adjunta Operativa (el "número 2" de Interior) por el Comisario Eugenio Pino, antiguo Analista de la Comisaría General de Información (1995-1996) y Jefe de las UIP (Unidades de Intervención Policial) (1996-2004) con el incremento de la tensión policial en manifestaciones, concentraciones y huelgas. Hasta qué punto se ha instaurado la línea dura de nuevo en el feudo del orden público.

Tampoco puede dejarse de lado, en el caso madrileño, el papel que pueda desempeñar el Comisario General de Información (la "inteligencia" policial), Enrique Barón Castaño, quien desde Junio de 2008 hasta su nombramiento en el nuevo Ejecutivo estuvo adscrito, en Servicios Especiales, a la Dirección General de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid, esto es, al servicio de Esperanza Aguirre; tampoco cabe obviar las reiteradas llamadas de atención que la lideresa madrileña hizo públicamente denunciando la inacción de la policía "a las puertas de su casa", en referencia a las concentraciones del 15M en la Puerta del Sol.

Tampoco estaría de más recordarle a la Sra. Aguirre que esa es "su casa" por un designio popular y que si ese espacio es suyo, la calle es del pueblo y ningún político puede sustraterle al pueblo, desde los tiempos de la Antigua Grecia, el disfrute del ágora. Si ella dispone de un escaño, de un puesto de trabajo al servicio de la sociedad es para servir a esta y no para requerir los servicios de protección de la policía enfrentándola con su sustento básico y esencial: el pueblo.

Que Madrid se blinde, que aumente la seguridad, que se incremente la presión policial, e incluso que se ejerza cierta violencia contra los manifestantes -aún siendo intolerable- no tiene por qué estar reñido con el libre desarrollo del torrente informativo. Es, en esencia, la información la que coloca las etiquetas de "derecho" a las actuaciones arbitrarias de la policía. Una imagen de una acción violenta, lejos de incomodar a los mandos policiales debería servirles de acicate para depurar responsabilidades en el ejercicio de la violencia siempre y cuando esta sea gratuita y no sujeta a derecho.

La labor de la prensa, del informador gráfico, nuestra labor, es dar testimonio fehaciente y veraz de cuanto ocurre en las calles. Tenemos además el derecho y el deber de hacer trascender nuestras imágenes y textos a la prensa y a la sociedad internacional con la intención de que la libertad general y en especial la de prensa no se vea coartada por el despliegue impune de la arbitrariedad policial o por la querencia caprichosa de un puñado de políticos, sea cual sea el color de su chaqueta.

Del mismo modo que no se puede apartar al ciudadano de su libertad de optar por un planteamiento y un discurso político, tampoco se le puede sustraaer al informador del mismo derecho. Pero este derecho no puede convertir al profesional en una parte más del contencioso, por mucho que duela. La labor del informador es informar, generar documentos sobre los que fundamentar la evidencia de lo ocurrido y con los que dotar de veracidad a una historia. Por ello es injustificable que la policía se empeñe en confundir a periodistas y sobre todo a fotoperiodistas con delincuentes, con alborotadores o con molestos "tomadores de imágenes". Al contrario, el mando policial debe concienciar a sus subordinados e instruirles en la necesaria defensa del trabajo de los profesionales de prensa, no solo de los de "alguna" prensa afín, sino de toda la prensa. Su mandato constitucional les obliga a ello, igual que faculta al profesional de la información a llevar a cabo su trabajo.

Prohibiciones generalizadas como la del uso del casco en manifestaciones (entendidas como actos vandálicos por el miope legislador) puede llevar de nuevo al profesional de prensa a tesituras en las que sea fácil confundirle con un vándalo y por ello aplicarle con severidad el "relajamiento" de la ley.

El profesional gráfico de prensa que acude a una manifestación con un casco, a la espera de que los incidentes tornen violentos, porta esta prenda como elemento preventivo, como medida rudimentaria de seguridad contra todo tipo de objetos volantes, incluídas, por supuesto, las defensas -a menudo demasiado relajadas y certeras- de la policía. Obligarles a prescindir de ese mínimo sistema de salvaguardia es a un tiempo canalla e inconsciente. ¿Cómo diferenciará un agente al fotoperiodista y al vándalo?. Los últimos sucesos de la Puerta del Sol han demostrado que el hecho de que un fotógrafo porte su herramienta de trabajo y cargue normalmente con todo un arsenal (pesado) de equipos fotográficos, no disuade a la inteligencia del policía que ve en dichas herramientas extrañas armas de destrucción masiva. Tampoco han servido de mucho los "pactos" referentes a portar identificación o un chaleco blanco, máxime cuando en varias de las imágenes en las que se advierrte cómo la policía empuja y dificulta la labor de los cámaras, éstos portan dichos elementos.

Un policía increpa al fotoperiodista Gabriel Pecot impidiéndole realizar su trabajo, mientras este porta, además del chaleco identificativo, su credencial en la mano izquierda. A policeman threatens Gabriel Pecot , a photojournalist, near Puerta del Sol square (Madrid) last May 13th.

Sólo se puede pensar en un espacio de violencia contra la información si se le circunscribe al temor a que la información sea contraria a unos intereses. Esto se denomina manipulación y el control informativo deriva en la ausencia de libertad de prensa que, les guste o no a los Srs. Pino y Barón, es una libertad constitucional que ellos, y a través de ellos sus subordinados, deben promocionar y proteger, pues esa y ninguna otra, es su obligación. La policía debe proteger la libertad, no los intereses de unos pocos.

Si se mantiene la presión insoportable sobre los medios, nosotros debemos contestar con la multiplicación de coberturas en contextos críticos, como lo fue la Puerta del Sol la noche del 12 al 13 de Mayo pasados. La prensa debe seguir registrando y denunciando la actuación represiva, arbitraria e injusta, que ejercen las fuerzas de seguridad y debe continuar su labor de indagación inquisitiva para descubrir a qué mecanismos responden los nuevos despliegues gratuitos de fuerza como aquellos de los que fuimos testigos muchos fotoperiodistas entre el 12 y el 16 de Mayo en Madrid.

La policía aparta a los medios instantes después de la agresión a Javier Bauluz, a quien se ve en el extremo izquierdo de la imagen tratando de obtener una explicación de la policía. After the agression agaisnt the photojournalist Javier Bauluz (Spanish Pulitzer prize) the police withdraws the media in Gran Via St. (Madrid, Spain), last May 13th.

Si se siguen ocultando los números de identificación de agente, si se continúa tapando el rostro de los servidores de la "ley" hasta convertir en imposible su identificación efectiva en caso de necesidad (por ejemplo cuando a un agente se le escapa una coz o un puñetacito), debemos redoblar nuestros esfuerzos por documentar este tipo de tropelías y multiplicar el impacto de nuestras imágenes en la red, en la prensa y en cualquier foro en el que sea posible gritar ¡¡basta ya!!